Una sentencia del Tribunal Supremo , que los gastos tributos y comisiones derivadas de un prestamo hipotecario son ilegales

La sentencia 705/2015 de 23 de diciembre del Tribunal Supremo declaró abusiva la cláusula en la que el un banco impone al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario.La sentencia determina que:

Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que la parte prestataria se obliga a tener vigente”.

Aqui le ha salido otro grano a la banca, del cual no van a salir muy bien parados.

Este procedimeinto es similar al de las claususlas suelo, el consumidor debe dirigirse al banco reclamandole los gastos de formalziación de la hipoteca, teniendo el banco un  plazo de 2 meses para contestarle, sino quedará expedita la via judicial.

JMGS

Economista-Abogado

El Decreto del Gobierno para la devolución de las clausulas suelo

              El  consumidor debe dirigir una carta al banco, y se pueden dar tres supuestos: primero, que el banco no conteste, con lo cual , en el plazo de tres meses quedará expedita la vía judicial, segundo, que conteste y quiera  o bien conmutar las cantidades por otros productos o  acortar el crédito hipotecario,- ojo, vaya asesorado/a  porque puede que le falte dinero- y tercera, que le devuelvan el dinero integro,  y los intereses de demora de estos desde que pago el primer recibo hasta la fecha.. El Banco o caja, no está obligado a notificarle al consumidor, que tiene clausulas suelo  y que va a devolverle y una vez que se inicie el trámite de la reclamación extrajudicial, no podrá iniciarse la vía judicial, hasta que finalice esta.

JMGS

Economista.Abogado

UN DECRETO PUEDE OBLIGAR A UN BANCO A DEVOLVER EL DINERO DE LAS CLAUSULAS SUELO?

        Evidentemente no,  y si esperamos a que transcurran los cuatro  años, desde la última sentencia del tribunal supremo  de 9 de Mayo del 2013, es muy probable que no puedan los consumidores reclamar, ya que la acción prescribe y tenga que ir cada uno al juzgado.  Sólo el gobierno puede dar un plazo que se puede interrumpir la acción correspondiente para que cada uno negocie de forma individual su situación, pero de forma masiva, no puede el gobierno obligar a los bancos a devolver el dinero íntegro de las clausulas suelo, en ese plazo de dos meses. La información que nuestros clientes nos trasmiten y la que la prensa está dando, es errónea. Hay del orden de los 3 millones de afectados y la cuantía sube encima de los 4.000 millones de euros. Y esto es otro roto que se le hace a la banca, y que estos presionan al gobierno para que se suavice la situación, con lo cual, cada uno deberá negociar sus condiciones, y en su caso reclamarlas judicialmente, su anulación y el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas

JMGS

Economista-Abogado.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA U.E. TUMBA LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO

 

    El fondo de la cuestión debatida es la propia interpretación de los arts.6 y 7 de la Directiva  93/13/CEE del consejo sobre las cláusulas abusivas de los contratos celebrados por la banca con los consumidores. En cuanto que , los consumidores deben obtener una mayor protección, con la adopción de una legislación uniforme  y más estricta en los Estados miembros. Poniendo en todo caso los medios más eficaces para acabar con estas cláusulas abusivas. Las clausulas no se han negociado individualmente, se ha impuesto antes de la celebración del contrato de préstamo hipotecario, luego no ha existido equidad en la contratación, y por tanto afectada en su integridad del vicio de nulidad ab initio. El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por tanto, el efecto es restitutorio. Pero corresponde a los Estados miembros, mediante sus respectivos Derechos nacionales, precisar las condiciones con arreglo a las cuales se declare el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato y se materialicen los efectos jurídicos concretos de tal declaración, no es menos cierto que la declaración del carácter abusivo de la cláusula debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva. En la sentencia de 9 de mayo de 2013, a la que hacen referencia los órganos jurisdiccionales remitentes, el Tribunal Supremo determinó que la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo controvertidas no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados antes de la fecha en que se dictó la propia sentencia y que, por consiguiente, en virtud del principio de seguridad jurídica, los efectos derivados de tal declaración ,especialmente el derecho del consumidor a la restitución, quedaban limitados a las cantidades indebidamente pagadas a partir de aquella fecha.  También es cierto que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza. Contenida en la Directiva 93/13. La limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013.De ahí que la protección que está limitada a los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha y por tanto incompleta y contraria a los principios de transparencia , uniformidad y la debida protección por parte de los Estados de la Unión. El Derecho español declaró que eran licitas las clausulas suelo, pero no el abuso que se hace de ellas al excluir al consumidor a su información previa, al planteamiento de los posibles escenarios de aplicación y ser una clausula adherida al contrato de préstamo hipotecario, lo cual denota aún más la desprotección del consumidor y la hace ilícita en cuanto a su contenido. Por tanto, lo que dice la sentencia , es que estas cláusulas celebradas en condiciones contrarias a la ley de consumidores y usuarios y a la directiva citada, son nulas y se tienen por no puestas , debiendo la entidad restituir las cantidades indebidamente cobradas.

Nuestro despacho, estudia la viabilidad de su caso, ya que no todas las clausulas suelo son nulas y en todo caso, hay que acudir en última instancia a los tribunales, en ejercicio de los derechos del consumidor.

 

JMGS

Abogado-Economista

EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES

Hay una doctrina clara del tribunal supremo que define este delito socio-económico , sentencias tales como la de 27.12.2007 y 11.10.2004 , lo define como la infracción del deber de mantener integro el patrimonio como garantía universal en beneficio de cualquier acreedor -art.1911 del CC-.Uno de los elementos que definen a este delito es la producción de un riesgo. El deudor con su actuación, realiza una acción de ocultación  de sus bienes para situarse en un estado de aparente insolvencia total o parcial que de forma ficticia , experimente una disminución de sus activos patrimoniales. El C.P. lo define en su art.257 a través de la expresión, alzarse con sus bienes y en perjuicio de acreedores. La ocultación o la sustracción de bienes del alcance de los acreedores valorizan su actuación punitiva, además de la intencionalidad  y tendencia a  perjudicar a  los acreedores y la tendencia. El tribunal supremo valora el resultado del delito y lo encuadra junto con los de quiebra y concurso bajo el paraguas de las insolvencias punibles. Asimismo, el alto tribunal la adjetiva conforme al uso de expresiones como total o parcial, real o ficticia -STS 29-10-1988-.El resultado del delito es la efectiva sustracción de bienes  de forma parcial o total, que obstaculice la realización de la cobertura de forma positiva de la via de apremio. la ocultación y la intención probada  por el acreedor  que impida la ejecución de sus derechos es suficiente para la calificación del delito. En cuanto a las personas jurídicas, los arts.31 bis y 258 ter , impone penas a las personas físicas, administradores de las sociedades , del alzamiento de bienes en perjuicio de acreedores , a los requisitos de intencionalidad y ,ocultación, hay que añadir el de la voluntad de realización del tipo delictivo. Es un delito de mera actividad que requiere.

Primero.-de la existencia previa de un crédito contra el sujeto activo del delito.

Segundo.- Un elemento dinámico, que es la ocultación real o ficticia de los activos.

Tercero.- Una consecuencia inmediata, la merma en el patrimonio del deudor.

Cuarto.- Un ánimo de defraudar o elemento tendencial. y

Quinto.-La mera actividad total o parcial.

La libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, no justifica en modo alguno que sujetos infractores, bajo el paraguas societario, haciendo uso de los derechos que la ley les previene para cumplir las obligaciones de pago de forma convenida y concursada, dejen de cumplir con sus obligaciones contractuales para con sus acreedores, desamortizando los activos patrimoniales de la empresa, en beneficio propio.

jmgs

Economista-Abogado