LOS MALOS TRATOS PSICOLOGICOS EN EL AMBITO FAMILIAR, DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO

  En los últimos años estamos acudiendo a una conducta que ha existido desde siempre, pero con el desarrollo de la sociedad y se ha ido dibujando y tomando conciencia la sociedad de que realmente existe un problema y que hay que tomar medidas de carácter legislativo para regularlos. Asistimos, no solo al maltrato hijos a padres, sino incluso, al maltrato entre hermanos, familiares políticos, en todas las escalas familiares. Lo más complicado, desde el punto de vista del derecho es definirlo, teniendo en cuenta el principio de intervención mínima que preside el ámbito penal. Pues de otro modo, se judicializarían las cuestiones meramente familiares .No obstante, el tribunal supremo, en su sentencia 393/2003 14.03, utiliza la expresión “crear una situación de dominio y temor “o la  STS 923/2003 27.06 “vejación y humillación continuada, metódica y deliberada que tiene como objetivo conseguir una situación de dominio que vulnera la propia personalidad de la víctima”. La STS 1750/2003, habla de hostigamiento, descalificaciones, intimidaciones, amenazas, provocaciones intimidantes, o el auto del TS 12.09.2012 en el que habla de “amenazas reiteradas y permanentes, y sometimiento de la víctima y su familia a una situación de verdadero acoso. Lo que está claro, y es que debe de haber una relación de superioridad, que le produzca temor, ansiedad, reducción de la autoestima. La STS de 5-05-2009,se refirió a un comportamiento en que de forma habitual se siente a la víctima a una vida de amenazas,coacciones,vejaciones ,humillaciones que producen en la victima un estado de ansiedad constante, lo que hace merecedor de tipificación penal. Asi, nuestro código penal, La conducta típica recogida en el art. 153 del Código penal consistirá en “ejercer violencia física o psíquica de forma habitual”, al utilizar el verbo “ejercer”, la doctrina coincide en que es necesaria una conducta activa sobre el cuerpo del sujeto pasivo, de tal forma que no serían admisibles las formas omisivas. El art.173.2 del C.P. señala, que el bien jurídico protegido es la preservación del ámbito familiar, siendo la conducta delictual el comportamiento habitual, de agresión psíquica . El tipo, quedaron fijados los criterios para su aplicación en la STS 21.07.2009,en el sentido, que el comportamiento debe ser activo, omisivo para el que tenga la posición de garante, habitual –que se den pluralidad de actos,- STS.-22/02/2006-conducta que estatuye una situación de hecho en el que la violencia es empleada como método de establecimiento de las relaciones familiares subyugando a quien padece-, la proximidad temporal. Este tipo delictivo, suele darse, por familiares de bajo perfil emocional y afectivo, unido a una tara manifiesta y al temor de no ser correspondido, conforme a los canones previamente establecidos.

JMGS

Abogado

21/12/2017

 

LA DISCRIMINACION LABORAL POR RAZON DE EDAD.

 

Todos los días asistimos a un episodio de discriminación laboral por razón de edad, la frase típica, “ah, la empresa, no invierte en personas mayores”, y le llaman personas mayores, a los que  estén próximos a los 50 años. Desde el punto de vista económico, una persona, con esa edad y experiencia, le aporta un valor añadido a la empresa y una tasa de rendimiento superior a una persona joven sin experiencia laboral alguna, crasso error, la inversión en recursos humanos nunca esta desaprovechada y más aún cuando la persona es  “mayor” , dado que, esta persona, en un 90% de los casos, no se te va a ir de la empresa, mientras que una persona, sin experiencia laboral, se va de la empresa, en cuanto tenga la formación para escalar a puestos más altos o a retribuciones más altas. Desde el punto de vista jurídico, hay que tener en cuenta que, el derecho a igualdad está consagrado en nuestra constitución, así como el derecho al trabajo-art.14 de la CE en relación con el art.35 del mismo texto legal. Asimismo, hay una protección del Estado, vía art.9.2 de la C.E. que obliga a los poderes públicos a intervenir en los casos de desigualdad. Así tenemos, STC 253/2014 “ la discriminación por razón de edad no está objetivamente justificada”. Es una conducta socialmente extendida, de deprecio en base a un perjuicio inmerecido, que tiene un efecto adverso en la persona, tanto en el empleo, como el que va a acceder a un empleo. Con los contratos precarios y temporales, el problema se incrementa. Ello, se ve reflejado,  en organizaciones, que en el momento de reclutamiento de personal, excluyen rangos de edad, sin valorar otros aspectos, como el económico-productivo, y el valor añadido que le pueda aportar, la experiencia del mayor, frente al coste del joven, que en un 50% de los casos, acaba yéndose, de empresas, con perfil bajo de sus contratantes, en la mayoría de las ocasiones. El edadismo, ha sido también tratado por nuestra jurisprudencia europea, “ supone una lesión al derecho al trabajo”c-411/2005, STJCE12-01-2010-.La carta de Derechos fundamentales de la UE –ART.21- , el tratado de funcionamiento de la UE-ART.19- La directiva 2000/78/CE  del consejo , relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato, empleo y la ocupación. Esto llevado a la práctica, supone, primero, para quien sea despedido, un despido radicalmente nulo. Y para quien no acceda a ese empleo, una indemnización de daños y perjuicios.

 

JMGS

Abogado

ES VALIDO EL ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS CUOTAS DE FORMA IGUALITARIA PARA LOS COMUNEROS

        Son obligaciones de los propietarios –art.9.1 e de la LPH- “Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización”,  Aquí se deduce  claramente que la comunidad de propietarios puede establecer un régimen de distribución de los gastos comunes que no tiene por qué coincidir necesariamente con las cuotas de participación que a cada piso o local corresponda en relación con la totalidad del inmueble fijadas en el titulo constitutivo. Cuando la comunidad ha venido funcionando con un régimen distributivo distinto, desde su constitución o desde que se aprobó el cambio, este acuerdo, mientras no haya sufrido impugnación por parte de los vecinos, deviene firme e inatacable. El acuerdo por el que se pretenda el cambio debe ser por unanimidad –art.17 de la LPH-.Asi lo establece nuestra doctrina jurisprudencial.

 

JMGS

Abogado

Especialista en Propiedad Horizontal.

EL IVA REDUCIDO PARA COMUNIDADES Y PARTICULARES

El art.91 de la LIVA dispone que se aplique el IVA reducido a las operaciones siguientes:

  1. Que se trate de ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados. Se entenderá que un edificio está destinado a viviendas si al menos el 50% de la superficie construida se destina a este uso.
  2. La aportación de materiales en este tipo de obras no podrá superar límite del 40% sobre el total de la factura. En caso contrario, habría que aplicar el tipo de IVA general.
  3. Que el destinatario sea una comunidad de propietarios o una persona física, siempre que no actúen como empresarios o profesionales y utilicen la vivienda a la que se refieren las obras para su uso particular.
  4. Que la construcción o rehabilitación de la vivienda o edificio a los que se refieren las obras hayan concluido al menos 2 años antes del inicio de las obras con derecho al tipo de IVA reducido.

La aplicación de este IVA reducido ira destinado a:

  • Albañilería, fontanería y carpintería.
  • Mejora y adecuación de cerramientos, instalaciones eléctricas, agua y climatización y protección contra incendios.
  • Mejora del comportamiento energético de las edificaciones reduciendo su demanda energética.
  • Aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones térmicas.
  • Incorporación de los equipos que utilicen fuentes de energía renovables.

 

Jmgs

Abogado-Economista

 

EL ADMINISTRADOR DE FINCAS, ANTE LOS DATOS DE LOS COMUNEROS

 

Tanto  la ley 15/1999, como el   R.D. 1720/2007 y el dictamen4/2007, señala que es información de  carácter personal , “cualquier información numérica, alfabética, grafica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo  concerniente a personas físicas identificadas o identificables”, de modo que , los correos  electrónicos, números de teléfono, ingresos efectuados por los propietarios, números de sus cuentas corrientes, , consumos, serán datos de la comunidad, custodiados por el administrador –art.20 de la ley 49/1960. La cesión, debe ser, adecuada, pertinente, explicita, específica y guardar un fin y en cualquier caso, sometida al consentimiento de su titular. La salida de los datos que componen, fuera de los locales  bajo el responsable del fichero deberá ser autorizada, en todos los casos por el propietario. De forma que sólo a través del administrador o responsable del fichero se puede tener acceso a esos datos. Para cambiar el uso o responsable de los datos, debe de ser el propietario quien del consentimiento para que un vecino tenga acceso a esos datos, y el fin para el que se quieren.

jmgs

Abogado-Economista

Una sentencia del Tribunal Supremo , que los gastos tributos y comisiones derivadas de un prestamo hipotecario son ilegales

La sentencia 705/2015 de 23 de diciembre del Tribunal Supremo declaró abusiva la cláusula en la que el un banco impone al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario.La sentencia determina que:

Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que la parte prestataria se obliga a tener vigente”.

Aqui le ha salido otro grano a la banca, del cual no van a salir muy bien parados.

Este procedimeinto es similar al de las claususlas suelo, el consumidor debe dirigirse al banco reclamandole los gastos de formalziación de la hipoteca, teniendo el banco un  plazo de 2 meses para contestarle, sino quedará expedita la via judicial.

JMGS

Economista-Abogado

El Decreto del Gobierno para la devolución de las clausulas suelo

              El  consumidor debe dirigir una carta al banco, y se pueden dar tres supuestos: primero, que el banco no conteste, con lo cual , en el plazo de tres meses quedará expedita la vía judicial, segundo, que conteste y quiera  o bien conmutar las cantidades por otros productos o  acortar el crédito hipotecario,- ojo, vaya asesorado/a  porque puede que le falte dinero- y tercera, que le devuelvan el dinero integro,  y los intereses de demora de estos desde que pago el primer recibo hasta la fecha.. El Banco o caja, no está obligado a notificarle al consumidor, que tiene clausulas suelo  y que va a devolverle y una vez que se inicie el trámite de la reclamación extrajudicial, no podrá iniciarse la vía judicial, hasta que finalice esta.

JMGS

Economista.Abogado

UN DECRETO PUEDE OBLIGAR A UN BANCO A DEVOLVER EL DINERO DE LAS CLAUSULAS SUELO?

        Evidentemente no,  y si esperamos a que transcurran los cuatro  años, desde la última sentencia del tribunal supremo  de 9 de Mayo del 2013, es muy probable que no puedan los consumidores reclamar, ya que la acción prescribe y tenga que ir cada uno al juzgado.  Sólo el gobierno puede dar un plazo que se puede interrumpir la acción correspondiente para que cada uno negocie de forma individual su situación, pero de forma masiva, no puede el gobierno obligar a los bancos a devolver el dinero íntegro de las clausulas suelo, en ese plazo de dos meses. La información que nuestros clientes nos trasmiten y la que la prensa está dando, es errónea. Hay del orden de los 3 millones de afectados y la cuantía sube encima de los 4.000 millones de euros. Y esto es otro roto que se le hace a la banca, y que estos presionan al gobierno para que se suavice la situación, con lo cual, cada uno deberá negociar sus condiciones, y en su caso reclamarlas judicialmente, su anulación y el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas

JMGS

Economista-Abogado.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA U.E. TUMBA LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO

 

    El fondo de la cuestión debatida es la propia interpretación de los arts.6 y 7 de la Directiva  93/13/CEE del consejo sobre las cláusulas abusivas de los contratos celebrados por la banca con los consumidores. En cuanto que , los consumidores deben obtener una mayor protección, con la adopción de una legislación uniforme  y más estricta en los Estados miembros. Poniendo en todo caso los medios más eficaces para acabar con estas cláusulas abusivas. Las clausulas no se han negociado individualmente, se ha impuesto antes de la celebración del contrato de préstamo hipotecario, luego no ha existido equidad en la contratación, y por tanto afectada en su integridad del vicio de nulidad ab initio. El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por tanto, el efecto es restitutorio. Pero corresponde a los Estados miembros, mediante sus respectivos Derechos nacionales, precisar las condiciones con arreglo a las cuales se declare el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato y se materialicen los efectos jurídicos concretos de tal declaración, no es menos cierto que la declaración del carácter abusivo de la cláusula debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva. En la sentencia de 9 de mayo de 2013, a la que hacen referencia los órganos jurisdiccionales remitentes, el Tribunal Supremo determinó que la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo controvertidas no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados antes de la fecha en que se dictó la propia sentencia y que, por consiguiente, en virtud del principio de seguridad jurídica, los efectos derivados de tal declaración ,especialmente el derecho del consumidor a la restitución, quedaban limitados a las cantidades indebidamente pagadas a partir de aquella fecha.  También es cierto que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza. Contenida en la Directiva 93/13. La limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013.De ahí que la protección que está limitada a los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha y por tanto incompleta y contraria a los principios de transparencia , uniformidad y la debida protección por parte de los Estados de la Unión. El Derecho español declaró que eran licitas las clausulas suelo, pero no el abuso que se hace de ellas al excluir al consumidor a su información previa, al planteamiento de los posibles escenarios de aplicación y ser una clausula adherida al contrato de préstamo hipotecario, lo cual denota aún más la desprotección del consumidor y la hace ilícita en cuanto a su contenido. Por tanto, lo que dice la sentencia , es que estas cláusulas celebradas en condiciones contrarias a la ley de consumidores y usuarios y a la directiva citada, son nulas y se tienen por no puestas , debiendo la entidad restituir las cantidades indebidamente cobradas.

Nuestro despacho, estudia la viabilidad de su caso, ya que no todas las clausulas suelo son nulas y en todo caso, hay que acudir en última instancia a los tribunales, en ejercicio de los derechos del consumidor.

 

JMGS

Abogado-Economista

Los propietarios Morosos. Limitación de uso de instalaciones accesorias.

           Estamos en un tiempo donde hay propietarios que abusan del derecho de la propiedad, dejando de pagar las cuotas. Pero se les puede limitar el uso de servicios de la comunidad, los básicos, no pero no así los accesorios, piscina, pista de pádel, parque infantil, zonas de ocio y demás servicios que no resulten perjudiciales para el derecho a la habitualidad que le confiere , el derecho de propiedad,aunque no es una limitación establecida por la ley, pero si vía estatutaria, la comunidad mediante acuerdo unánime de junta de propietarios celebrada a tal efecto, y su elevación a publico e inscripción en el registro para su conocimiento público. Esta fórmula, bajo el paraguas del art.5 de la LPH.

Esta  cláusula estatutaria se refiere únicamente a la privación del acceso a una clase de elementos comunes especiales como son la piscina y la pista de tenis, que no son de los necesarios para la habitabilidad, seguridad o accesibilidad del inmueble, y como no se trata de la privación del derecho de propiedad sino de su mero uso con carácter meramente eventual mientras no se ponga al día en la contribución a los gastos que exige su mantenimiento, debe considerarse que no afecta al contenido esencial del derecho de propiedad sino todo lo contrario, que las limitaciones impuestas son coherentes con este régimen especial de la propiedad que es el de la comunidad en propiedad horizontal. El artículo 11.2 de la Ley de Propiedad Horizontal prevé que determinados propietarios no disfruten de la mejora o ventaja de aquellas instalaciones a las que no han contribuido. También está plenamente reconocido que se pueda atribuir el uso exclusivo de determinados elementos comunes a algunos propietarios con exclusión de los demás en el caso de patios o terrazas u otros elementos de uso exclusivo. Similares consideraciones conducen a que una cláusula estatutaria que prohíbe el acceso a los elementos comunes de piscina y pista de tenis a propietarios que no contribuyan a su mantenimiento o conservación y sólo de modo eventual o temporal, no pueda considerarse contraria a la ley ni al régimen de la propiedad horizontal, tratándose de un pacto estatutario que coadyuva a que todos los propietarios contribuyan al pago de los gastos que derivan de esos elementos comunes.

jmgs

Abogado