VENTA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS

                     Oportunidad de Inversión.-Dos naves industriales , en el polígono la cepa de HUERCAL de ALMERIA, se venden las dos naves, concretamente en el Polígono Industrial la Cepa,Huercal de Almeria, junto a Carrion, superficie útil.- 317,31 y 409,65 m2.726,96 m2 a un precio asequible, ambas están comunicadas por su interior.

 

RAZON.- TLF.-950483731

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Elementos comunes de uso privativo

                De entre las obligaciones del art.9 de la LPH está la de “Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualesquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos. Sabiendo que las rejas de los balcones es un elemento común, según el art.9.1 de la LPH y son de uso privativo, la comunidad, podría acordar que que el mantenimiento de las barandillas de los balcones puede hacerse individualmente, bastando el acuerdo de mayoría simple según el art. 17.7 de la LPH. Si la comunidad adopta el acuerdo de que el mantenimiento se haga individualmente, por la doble mayoría que especifica el Art.17.7 de laLPH, ese acuerdo es válido, y la forma de oponerse es impugnarlo siguiendo las pautas que marca el  art.18. Si es costumbre de los vecinos de una comunidad, del que solo ellos tienen acceso a estos elementos comunes-como son las rejas de su vivienda-, el de mantenimiento de estas, debe ser extensivo a todos, sin excepción. Si la filtración se origina a consecuencia de las deficiencias en el mantenimiento de la terraza, la reparación será a cargo del propietario que la utiliza, por incumplimiento de lo establecido en el apartado a) del  art.9 de la LPH. Cuando se trata de daños producidos por la acción del agua, por un deficiente mantenimiento de los elementos comunes de uso privativo , como son las rejas, cuando la causa de la filtración se debe a un defecto en la impermeabilización de la terraza o al deterioro de la tela asfáltica, la reparación será a cargo de la comunidad de propietarios, en virtud del  art.10 de la LPH. A la hora de asignar la responsabilidad de la reparación de elementos comunes de uso privativo hay que seguir el siguiente criterio, si el deterioro está en la parte que pisa el usuario , dentro de su terraza, lo paga el propietario; y si la avería está en la zona interna que no se ve -defecto de estructura, capa impermeabilizante, …- la reparación la paga la comunidad. Hay que tener en cuenta que el art.396 del CC en su enumeración de los elementos comunes, no constituye numerus clausus, sino que tiene simplemente carácter dispositivo –STS 17-06-1988-, por lo tanto, no hay prohibición, de que estos se conviertan en privativos ciertos elementos comunes. Las reparaciones o mantenimientos extraordinarios de las terrazas, en cuanto que elementos comunes, corresponden a la comunidad de propietarios, pero el mantenimiento ordinario y limpieza de tales elementos corresponde a los propietarios cuyo uso tienen atribuido privativamente.-SAP Valencia 21-06-2013 “condena al propietario de una vivienda a indemnizar los daños y perjuicios causados por mal uso y conservación de la terraza, pues la causa de los daños reparados se debió no a un deterioro natural de la cubierta existente en la terraza común de uso privativo, sino a la desidia en el mantenimiento -el informe pericial obrante en autos decía: «Se comprueba que el estado de mantenimiento y limpieza de dicha cubierta es prácticamente nulo, y por el estado de la misma, esta situación ha debido de extenderse desde un largo período de tiempo». Por tanto, a oxidación del hierro, por falta de mantenimiento ha ocasionado , que el pilar que la sustenta haya reventado por la entrada del agua, por tanto, es una falta de mantenimiento del usuario de la terraza y no debe la comunidad asumir el gasto de mantenimiento, cuando, todos los vecinos pintan de forma habitual las rejas de sus terrazas.

JMGS

Abogado

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EL FALSO AUTONOMO

Trabajadores  que deben estar encuadrados en el régimen general, que tienen las características propias de este, como son dependencia, subordinación, ajenidad, obligatoriedad y lo están en el régimen especial de trabajadores autónomos, caracterizado por su autonomía organizativa y de medios. En su día, surgió, el estatuto del trabajador económicamente dependiente, el denominado TRADE, en el que, esta figura se caracteriza por ser un hibrido entre el trabajador dependiente  y el que pone sus medios para la realización de un trabajo y solo dependen en un 75% de sus ingresos de un solo cliente. Hoy se persigue, al  denominado falso autónomo, trabajador que trabaja en una empresa, para realizar una actividad productiva, bajo la organización de un solo empresario, en el momento en que este trabajador tiene más de un empresario o ejerce más de una actividad quiebra la situación de dependencia, por ejemplo, trabajador autónomo agrario, que tiene una empresa que presta servicios a terceros, con una actividad distinta a la agraria. O del trabajador que es titular de una actividad de comercio, y presta servicios de transporte a un empresario agrario.Dado que si  los medios utilizados para la actividad son propios, aunque facture la misma cantidad al mes  a un mismo empresario, y a su vez, sea titular de una explotación económica, no puede considerarse falso autónomo. Asi , lo define el tribunal supremo , con sus notas características :

  • Dependencia:Asistencia al centro de trabajo del empresario o al lugar designado por éste y el sometimiento a horario. Este apartado es compatible con un régimen de sustituciones o las situaciones en las que el empleador se encarga de programar la actividad del trabajador, por mucho que éste tenga una supuesta libertad horaria y no necesite notificar sus vacaciones. El que los técnicos sólo trabajaran para esta entidad también fue determinante.
  • Ajenidad:El trabajador pone a disposición del empresario el fruto de su esfuerzo y es éste último el que adopta las decisiones de mercado, como los precios o la selección de la clientela. Esto supone que el trabajador no asume riesgo empresarial alguno.

Para diferenciar estos casos del autónomo económicamente dependiente, se refiere el Supremo a que el legislador «ha despejado posibles dudas». Éste debe ser una persona física que realice “de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena”.-STS S.IV.-24-01-18,08-02-18,

La Sala IV del TS analiza, en casación unificadora, si la naturaleza de la relación jurídica que vincula a los trabajadores de una empresa de instalación y mantenimiento de ascensores con la misma constituye o no una relación laboral. En el caso enjuiciado, la prestación de servicios se venía realizando mediante un contrato marco de colaboración para la ejecución de obras, realización los demandantes trabajos de instalación y reparación de ascensores como autónomos.

Para el Alto Tribunal, la realidad fáctica debe prevalecer sobre la denominación que reciba el contrato, ya que «los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las partes; de modo que a la hora de calificar la naturaleza laboral o no de una relación debe prevalecer sobre la atribuida por las partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la laboralidad y de las prestaciones realmente llevadas a cabo».

Igualmente, asevera el TS, en el caso existe una prestación de servicios con carácter voluntario junto con tres notas fundamentales que evidencian la existencia de relación laboral:

  • ajenidad en los resultados,
  • dependencia en su realización y
  • retribución de los servicios

Inexistencia de la figura de autónomo económicamente dependiente

Tampoco resulta de aplicación, a juicio del TS , el artículo 11 de lLey 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del Trabajo Autónomo, que regula el concepto y ámbito subjetivo del trabajador autónomo económicamente dependiente, al no poder acreditarse que realice una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa; “lo que constituye requisito imprescindible para que pueda darse la figura”.

En este caso El legislador ha despejado posibles dudas para evitar la asimilación al trabajo asalariado del trabajo autónomo económicamente dependiente” al definir la figura de trabajador autónomo como «las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena», exigiendo en el caso de los autónomos económicamente dependientes, además, entre otras previsiones, la formalización escrita del contrato, la posibilidad de acuerdos de interés profesional, la regulación de la jornada, de las interrupciones justificadas de actividad profesional y de la extinción contractual.

Notas características del contrato de trabajo (art. 1 ET)

    • Carácter personalísimo
    • Voluntariedad
    • Retribución
    • Ajenidad
    • Dependencia
  • Indicios constitutivos de relación laboral.
    • Indicios en la retribución
    • Indicios en la ajenidad
    • Indicios en la dependencia
    • Elementos no determinantes de la exclusión de la relación laboral
  • La inscripción en el RETA y en el IAE
  • Distribución del horario
  • Materiales aportados por el trabajador
  • Los límites de la ilicitud en el objeto y causa
  • Socio en varias sociedades
  • La calificación jurídica del contrato. Principio de primacía de la realidad

JMGS

Abogado-Economista

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VENTAS DE ACTIVOS MOBILIARIOS DERIVADOS DE CONCURSO DE ACREEDORES

diligencia.-.02/10/2018 EN EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE LIQUIDACION DE LOS ACTIVOS QUE FIGURAN A CONTINUACION ,HAY UN PLAZO DE 15 DIAS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.

Se publica el listado de activos inmobiliarios y mobiliarios  de la mercantil PERSONNA,S.A., una vez aperturada fase de liquidación , mediante auto 24-09-2018 del juzgado de lo mercantil nº1 de Almeria.-

activo nº3.- conjunto de maquinaria y bienes de equipo, empresa dedicada a la fabricación de objetos para la seguridad de las personas,que se detallan a continuación:

CARRETILLA
AIRE ACONDIONADO OFICINA
ALIMENTADOR AN/TGT
ALIMENTADOR AN/TGT
ALIMENTADOR WSAL-8006 1-05
ALIMENTADOR WSAL-8006 2-05
ALIMENTADOR WSAL-8006 2-05
ALTILLO OFICINA
ATORNILLADOR NEUMATICO
ATORNILLADOR NEUMATICO. REGULADOR DE PRESION
BALANZA INDUSTRIAL DCEPS 150 MXL
BALANZA INDUSTRIAL E 100
CINTA TRASNPORTADORA PLANA
COMPRESOR PUSKA 700
COMPRESOR PUSKA N650-300
CUADRO ELECTRICO INSTALACION
DOSIFICADOR M-33
ESTANTERIAS.MESAS DE TRABAJO Y MONTAJE
GUILLOTINA T10
INSTALACION AIRE COMPRIMIDO
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION REFRIGERACION
INYECTOIRA TOPFINE 110 100T
INYECTORA ARBURG 320-CI 50T
INYECTORA ARBURG 320-CI-50T
INYECTORA ARBURG 420-C 100T
INYECTORA ARBURG 520-C 200T
INYECTORA ARBURG 570-C 220T
INYECTORA DCHEN DE 300T
MAQUINA DE CORTAR LENTES
MAQUINA DE COSER
MAQUINA DE COSER
MAQUINA MARCADO IMPAK 301A
MEZCLADORA DE MATERIALES
MOLINO GRS-183
MOLINO MS 33
MOLINO WSGM-250
PRENSA EXCENTRICA SERIE BELT T30
PRENSA EXCENTRICA SERIE CM
PRENSA OLYMPIA T20
REFRIGERADOR CARRIER 30DY010M9
REFRIGERADOR KAYSUN UCR KEN
REGULADOR DE TENSION
TEREMORREGULADOR ATEMPERADOR HDR
ULTRASONIDOS BRANSON 920
UTIL RELLENADO FILTROS JUNIOR
AIRE COMPRIMIDO
APILADOR JUNGHEINRICH
CARGADOR DE BATERIA APILADOR JUNGHEINRICH
CARRETILLA
CARRO EXTINTOR
CUBA FIBRA DE VIDRIO
CUBA FIBRA DE VIDRIO
ESTANTERIAS
EXTINTORES
EXTINTORES (8)
LIJADORA PARA FIBRA DE VIDRIO
MANGUERA DE RIEGO
MESAS AUXILIARES
MESAS DE TRABAJO
PRENSA PARA CORTAR FIBRA DE VIDRIO
SILLAS DE TRABAJO (3)
SILLAS DE TRABAJO.TAQUILLAS
UTIL CORTE BANDAS DE SUDRO
UTIL CORTE OCULARES EUROWELD,2150
UTIL MARCADO
VENTILADOR
TRASPALETA JUNGHEINRICH
TRASPALETA AMEISE
INYECTORA CHEN 300T
PANTOGRAFO HERLUCE HE1
FRESADORA HOLKE F10V
TALADRO COLUMNA IBA E30
PRENSA TALLER MEGA 30T
TORNO DAZU C
SIERRA DE VAIEVEN UNIZ
SET DE MOLDES

Todos estas ofertas  deben de atenerse al siguiente condicionado:

  1. Los precios son más IVA
  2. Los bienes se transmiten conforme se encuentran en la actualidad.
  3. El precio es cerrado
  4. En el precio incluye el traslado de la maquinaria que será de cuenta del adquirente.
  5. El pago del precio es al contado, a la suscripción del contrato de compraventa, previa autorización  judicial, mediante transferencia, efectivo o cheque bancario nominativo.
  6. La entrega de la maquinaria y bienes de equipo se hará previo pago del importe.
  7. Plan de realización de las unidades productivas Fase única.- , apartado a) las ofertas recibidas serán evaluadas por esta administración concursal., a traves del e mail:jmgarcia.abogado@afincoal.com.Siendo el plazo de presentación, ante esta AC de 15 días siguientes a la aprobación del plan de liquidación, transcurrido el plazo anterior, las ofertas recibidas carecerán de validez.”
  8. Ante la previsión de la realización de estos bienes se ha aperturado una cuenta corriente a nombre de la sociedad PERSONNA,S.A. en la entidad  de crédito Banco Sabadell, con número ES16 0081 7496 5100 0153 9564 .
  9. dentro de los diez días siguientes a la recepción de las ofertas, se procederá a abrir las ofertas y se adjudicará a la oferta mas ventajosa.
  10. se emitirá informe, y se pedirá la aprobación definitiva del  juez de lo mercantil la venta , está se realizará sin mas dilación

EL ADMINISTRADOR CONCURSAL

JOSE MANUEL GARCIA SANCHEZ

 

 

 

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RIESGOS QUE CUBRE EL SEGURO DECENAL

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, ha intentado subsanar las deficiencias dadas por la ley anterior, en su artículo 19, establece tres plazos para exigir responsabilidades de los  agente promotor, constructor, arquitectos,etc..) que intervienen en la edificación, en función del tipo daños o vicios:

  • Diez años para los daños causados por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, etc que comprometan la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.
  • Tres años para los vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad.
  • Un año para los daños que se produzcan en los elementos de acabado o de terminación de la obra.
  • El seguro decenal es aquel que garantiza las responsabilidades de los agentes de la edificación por daños materiales causados por defectos o vicios que afecten a la resistencia mecánica o estabilidad del edificio. Y nada más. El seguro decenal no cubre legalmente otro tipo de riesgos, no es una suerte de seguro multirriesgo que cubra a los compradores de un promotor que incumple sus obligaciones.
  • otra cosa es la responsabilidad civil contractual, la anterior se enmarca dentro de la responsabilidad civil extracontractual, la primera, tiene un plazo de prescripción es de 15 años, y desde la ley del 2015, concretamente desde octubre del 2015, es de 5 años.

jmgs

abogad

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El animo de Lucro, el tipo delictivo.

 La acciones contra Bancos, Cajas, sus Directivos, Apoderados, otros agentes ,politicos, funcionarios y otros trabajadores de lo publico,de entre otros,  el código penal español tiene una diversidad de tipos en los que se pueden encuadrar los delitos, por el tema de las preferentes, swaps, clausulas suelo, productos bursatiles complejos,hipotecas basura, comisiones cobradas de forma indebida y usuraria, de entre otros.

                Desde el punto de vista penal podemos definir el ánimo de lucro, como “un acto  ilícito  en la que una persona pretende enriquecer su patrimonio a costa de su víctima. Este acto ilícito puede dar lugar a diferentes tipos delictivos, y consecuencias jurídicas distintas.

  • animus lucri faciendi gratia es el animo de obtener una ganancia, se haya en los delitos de hurto-art.234 CP., robo –art.237 del C.P –Estafa –art.248 del C.P.-Apropiación indebida –art.253 del C.P-Extorsión –art.243 del C.P.-Receptación –arts.298 y 299 del C.P.-malversación –arts.432 y 434 del C.P.-

TIPOS DE DELITOS EN LOS QUE INTERVIENE EL animus lucri faciendi gratia

  • Hurto.- art.234 del C.P.-El tipo básico se corresponde con lo preceptuado en el art.234.1, que castiga como reo de hurto, a “quien con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño”, se trata de una cosa mueble aprensible , susceptible de apropiación y cuantificable económicamente. Es necesario que se de el elemento subjetivo, el ánimo de lucro, existiendo implícito este en toda acción de apoderamiento de la cosa -SSTS de 9-2-81 ; 19-10-81 ; 21-10-81 ; 28-9-82 ; 12-2-85 ; 20-6-85 ; 29-1-86 “el delito de robo lo mismo que el de hurto, son delitos estructurados sobre una acción contra la propiedad, de apropiación de cosas
  • Roboart.237 del C.P.- El apoderamiento es el requisito formal  , e implica la apropiación de la cosa ajena , que pasa a estar fuera de la esfera de control y disposición de su legitimo titular para entrar en otra en la que impera la iniciativa y autonomía del aprehensor –STS 08-09-03-El ánimo de lucro consiste en el animus rem sibi habendi, que se agota en tener la cosa para si, y que, como propósito de obtener un beneficio, normalmente consistente en un aumento patrimonial, es, por su propia naturaleza, indeterminado, de modo que no necesita proyectar sobre el valor concreto de la cosa sustraída .

 

  • Extorsión –art.243 del C.P.-“ el que con ánimo de lucro, obligare a otros , con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados. A diferencia de lo que ocurre con el robo,, no hay un verdadero apoderamiento de las cosas muebles sino la imposición de una determinada conducta al extorsionado que debe incidir en perjuicio  de su patrimonio o el de un tercero. En este tipo ha de estar presente el ánimo de lucro -La falta de ánimo de lucro impiden calificar los hechos como extorsión, siendo calificados como realización arbitraria del propio derecho  STS 29-06-2009. Asimismo,  la extorsión se consuma una vez ejercitada la violencia o intimidación y logrado el fin de la acción ejercida ,la consumación del lucro aquí pertenece no a la consumación del delito sino al agotamiento del delito –STS 15.11.1994-
  • Estafa –art.248 del C.P.- El tipo básico del art.248.1 del C.P. dispone que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. El castigo viene dado por el art.249 del mismo cuerpo legal, que determina “una pena de prisión de seis meses a tres años, quien cometiere estafa en cuantía que superase los 400 €”. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta, el importe, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados por este y cuantas otras circunstancias para valorar la gravedad de la infracción. Si la cantidad defraudada es inferior a 400 €, entonces estamos en el tipo del art.623.4 del C.P. El ánimo de lucro, como elemento subjetivo del injusto, entendido como propósito por parte del infractor de obtener una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a titulo de imprudencia. El ánimo de lucro es un elemento del tipo junto con el engaño, acto de disposición patrimonial, perjuicio, etc. Nuestra doctrina afianza la tesis de que  “La apropiación del dinero al distraerlo el recurrente hacia su patrimonio patentiza el ánimo de lucro  STS.25.06.2012El dolo y el ánimo de lucro del acusado cuando actuó en nombre de la sociedad que aparentaba solvencia económica que no tenía, hacen incardinable la conducta en el delito de estafa –STS 27.12.2010-. No es elemento consustancial para la estafa “No se exige en la estafa que el sujeto activo del delito obtenga lucro efectivo merced a la conducta engañosa desplegada: es suficiente su propósito de obtenerlo aunque finalmente no lo obtenga –STS 2.12.2009-.La declaración de los perjudicados sobre la entrega de dinero al acusado sin haber recibido el patrimonio ponen de manifiesto no solo el engaño sino el ánimo de lucro del mismo en la comisión del delito –STS 03.12.2009-

 

Apropiación indebidaart.253 del C.P.-El que se apropiare de cosa perdida o de dueño desconocido, con ánimo de lucro, cuando el valor exceda de 400 € serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses. Si se trata de cosas de valor artístico, cultural o científico, la pena  de prisión de 6 meses a 2 años. Las cosas pérdidas deben estimarse  aquellas que por su propia naturaleza tengan un valor ostensible que haga impensable el que hayan sido abandonados –STS 15-11-1989- “El ánimo de lucro no es requisito para la comisión de la apropiación indebida STS 20.10.2003, en otros casos es evidente que para que se produzca el tipo debe haber ánimo de lucro , así tenemos, de forma reciente  nuestro alto tribunal ha determinado que “ La apropiación del dinero al distraerlo el recurrente hacia su patrimonio patentiza el ánimo de lucro –  STS 25.06.2012-”

Receptaciónarts.298 y 299 del C.P.El delito de receptación del art.298.1 del C.P. exige, entre sus requisitos como elemento subjetivo del tipo, el conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio, sin que baste una simple sospecha, duda o recelo. Si la finalidad del acto delictivo es el aprovechamiento propio, estaremos ante una receptación, o por el contrario, ante un acto impune –STS 14.10.1998-, Podemos igualmente citar sentencias que aluden al delito  de receptación, asi tenemos -Está acreditado que el autor conocía el origen ilícito de las joyas y se aprovechó del dinero procedente de su venta: hay delito de receptación, el acusado actuó con ánimo de lucro, aprovechándose del dinero obtenido con su venta-AP Zaragoza, Sec. 1.ª, 312/2011, de 29 de septiembre

El art.299 del C.P. tipifica una conducta paralela a la receptación de delitos , y su diferencia estriba en que “la receptación de faltas contra la propiedad” se castiga su  habitualidad –STS DE 15.09.1993-, esta habitualidad exige que los actos formen parte de una serie más o menos amplia que se conecta  al modo de vivir del sujeto propio –STS 18.11.1995-

Malversación arts.432 y 434 del C.P.-La malversación es uno de los ejemplos más evidentes de la corrupción, hasta el punto que la fiscalía   , en su estatuto orgánico lo incluye  en  el ámbito de aplicación de una fiscalía especial para la represión de los delitos económicos. En concreto, el art.432 del C.P.  tipifica que la autoridad o funcionario, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones. El presente artículo exige que la sustracción de caudales públicos con ánimo de lucro, o consentir que un tercero los sustraiga con igual ánimo de lucro, bastando que no se aporten o se devuelvan para el ejercicio de su ámbito probatorio –STS 22.01.2004-Los elementos que ha establecido la jurisprudencia en este tipo de delitos de malversación de caudales públicos  son: que es un delito especial, cometido por un funcionario o autoridad pública, segundo, que el objeto del delito han de ser necesariamente caudales o fondos públicos, tercero, que la acción consiste en sustraer o consentir que otro lo sustraiga , cuarto, es precio, el ánimo de lucro, de exigencia expresa por el artículo citado y ultimo, solo es posible la comisión dolosa-STS 18.02.2003-

El art.-434 del C.P. alude a que la autoridad o funcionario que con ánimo de lucro propio o ajeno, y con grave perjuicio para la causa publica, diere una aplicación privada a bienes muebles e inmuebles, será castigado con penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público. Nuestra doctrina en la STS 17.12.2002, determina que no concurre el tipo y absuelve a los acusados, por no haberse probado el ánimo de lucro exigido.

Jmgs

Abogado-Economista

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La responsabilidad Penal de las Personas Juridicas

Nuestra jurisprudencia ha analizado   la responsabilidad   de las personas jurídicas en el plano del Derecho administrativo sancionador, declarándola compatible con el principio de culpabilidad y las exigencias de responsabilidad por la propia conducta y personalidad de la sanción   -STC 646/91-. Las consideraciones aquí formuladas pueden ser trasladadas al Derecho penal pero con cautelas, dado que , aunque rijan los mismos principios y garantías que en el derecho penal, no lo hacen con la misma intensidad  –STC 56/98-  . Las   estructuras dogmaticas en el Derecho administrativo sancionador   son de corte casualista  –donde el dolo y la imprudencia son formas de culpabilidad, mientras que en el sistema penal predomina la concepción finalista por lo que el dolo y la violencia son los elementos típicos.

El viejo principio “societas delinquere non potest” queda sustituido por el de “societas delinquere et puniri potest”. La normativa europea a través de las decisiones marco y las directivas, en relación a la protección del sistema financiero de las CCEE, la lucha contra la corrupción  de los agentes públicos extranjeros. En Europa coexisten sistemas de responsabilidad penal de las personas jurídicas de corte penal  –Francia-de cote administrativo  –Alemania- y otros mixtos –Italia-.

Los rasgos fundamentales   de este nuevo sistema permiten castigar a la persona jurídica por el delito imputable: la posibilidad de imputación, cuando se trate de un delito en provecho de la persona jurídica, esto supone que el delito debe ser imputado la propia persona jurídica por  su responsabilidad en su propia conducta y no por responsabilidad objetiva por un hecho ajeno.
El art.31 bis recoge una doble vía de imputación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas:

Primero.- Los casos de delito cometido por el administrador o representante de la persona jurídica, en su nombre o por su cuenta, y en su propio provecho.
Segundo.-  Los casos cometidos por un empleado sometido a la autoridad del administrador representante, cuando haya podido cometerlo debido a la falta de la debida diligencia sobre él.
Quedan excluidos las entidades de derecho público, las entidades estatales y mercantiles y los agentes políticos y sindicales.

El código penal contiene un numerus clausus respecto de los delitos que generan esta responsabilidad para las personas jurídicas. Estructura general,  tráfico  ilegal de órganos, art.156 bis; trata de seres humanos, art.177 bis; delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, art. 189 bis; delitos contra la intimidad y allanamiento informático, art.197; estafas, art.251 bis; insolvencias punibles, art. 261 bis; daños informáticos,
art. 264; delitos contra la propiedad industrial e intelectual, el mercado ylos consumidores, art.288; blanqueo de capitales, art.302; delito contra hacienda pública y seguridad social, art.310 bis; delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, art. 318 bis; delitos de construcción, edificación y urbanización, art. 319; delitos contra el medioambiente, arts.
327 y 328; delitos relativos a la energía nuclear, art.343; delitos de riesgo provocados por explosivos, art.348; delitos contra la salud pública, art.369 bis; falsedad de medios de pago, art.399 bis; cohecho, art.427;  tráfico  de influencias, art.430; corrupción de funcionario  público  extranjero, art. 445; delitos de organización, art.570 quáter; financiación del terrorismo, art.576 bis.

En términos generales, se ha constituido una discusión centenaria si las personas jurídicas pueden cometer todo tipo de delitos o si, por el contrario, sólo su  responsabilidad penal se puede referir a todo tipo de delitos. El criterio tradicional ha sido que las personas jurídicas solo pueden cometer delitos mala prohibita y no mala in se. De ahí que constituya una evolución natural que en todos aquellos sectores regulatorios en los cuales las personas jurídicas ya son sancionadas administrativamente, se considere posible que puedan ser condenadas penalmente. La discusión adquiere tintes especialmente problemáticos en el ámbito del homicidio puesto que en ciertos  casos, su vinculación con delitos regulatorios clásicos es más que evidente, por ejemplo, los delitos contra la seguridad de los trabajadores o contra los consumidores.

No en vano, el código penal español ha excluido los delitos contra la seguridad de los trabajadores del ámbito de sanción del art.31 bis.
En el caso español, no obstante, se produce cierta mezcla de mala prohibita y mala in se. La mayor parte de los delitos referidos anteriormente se corresponden con los delitos recogidos en aquellos instrumentos comunitarios  –principalmente decisiones de marco-  que prevén la responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de delitos. Por
tanto, en la medida en que surjan nuevas necesidades político-criminales nacionales o europeas, probablemente se produzca una ampliación del catalogo de delitos susceptibles de generar responsabilidad penal de las personas jurídicas, confirmándose así la tendencia a la expansión del Derecho penal tan presente en nuestro tiempo.

Debe valorarse positivamente la introducción de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español. Y ello, fundamentalmente, puesto que la responsabilidad penal es un índice de la posición que ocupan los sujetos en la sociedad. La indubitada  significación de los actores corporativos en la sociedad moderna
–condensada de alguna manera en la noción de la ciudadanía corporativa-obligaba a que los derechos derivados de dicho estatus se vieran equiparados con una serie de obligaciones  -entre las  que se destacan los deberes de índole penal-.

Dicho esto, la legislación española es sustancialmente mejorable y, de hecho, las reformas que esclarezcan muchos de los extremos señalados con anterioridad deberían acontecer en tiempos cercanos, para evitar la insoportable inseguridad jurídica que tendrá lugar a partir de la entrada envigor de la reforma. Solo así se alcanzaran las cuotas de eficacia y justicia –
sc. premiar a los ciudadanos corporativos cumplidores de la legalidad y castigar a los que fomentan la comisión delictiva-  deseables en un ordenamiento jurídico. Hasta entonces, la labor de los operadores jurídicos será llevar a cabo interpretaciones razonables y garantistas de los preceptos citados, evitando una aplicación objetiva de este tipo de responsabilidad y sancionado a la persona jurídica por lo que ella misma ha realizado.

VIAS DE IMPUTACION DE LAS PERSONAS JURDICAS
Por medio de sus representantes o administradores de hecho o de Derecho.
El representante   a los efectos del art.31 bis del C.P.no es cualquier sujeto con limitados poderes, sino sólo quien ejerce la representación de la sociedad extendida a la generalidad de los actos comprendidos en su objeto social. El administrador   sea de hecho o de derecho es empelado en los arts.31 y 290 del  C.P. La persona jurídica no puede ser penada por
conductas que no le son imputables a ella, es decir que no están bajo su capacidad de dirección. La persona jurídica solo es posible imputarle responsabilidad penal cuando el delito haya sido posible a un fallo organizativo de esta, una omisión del cuidado debido en la evitación de delitos en su seno. Dicho fallo organizativo seria la conducta propia de la
persona jurídica y el objeto del reproche penal. El principio de culpabilidad impone que la empresa no  se le pueda penar por conductas ajenas, sino sólo por ser conductas propias.
Responsabilidad directa.-El art. 31 bis del C.P. ha introducido la responsabilidad penal directa, al determinar que serán responsables en la medida en que dicha responsabilidad se encuentre prevista en el art.310 del C.P, en el ámbito de los delitos contra la hacienda pública.
Igualmente todas las conductas de insolvencia previstas en los arts. 257 a 260 del C.P.

jmgs

Abogado-Economista

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LOS MALOS TRATOS PSICOLOGICOS EN EL AMBITO FAMILIAR, DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO

  En los últimos años estamos acudiendo a una conducta que ha existido desde siempre, pero con el desarrollo de la sociedad y se ha ido dibujando y tomando conciencia la sociedad de que realmente existe un problema y que hay que tomar medidas de carácter legislativo para regularlos. Asistimos, no solo al maltrato hijos a padres, sino incluso, al maltrato entre hermanos, familiares políticos, en todas las escalas familiares. Lo más complicado, desde el punto de vista del derecho es definirlo, teniendo en cuenta el principio de intervención mínima que preside el ámbito penal. Pues de otro modo, se judicializarían las cuestiones meramente familiares .No obstante, el tribunal supremo, en su sentencia 393/2003 14.03, utiliza la expresión “crear una situación de dominio y temor “o la  STS 923/2003 27.06 “vejación y humillación continuada, metódica y deliberada que tiene como objetivo conseguir una situación de dominio que vulnera la propia personalidad de la víctima”. La STS 1750/2003, habla de hostigamiento, descalificaciones, intimidaciones, amenazas, provocaciones intimidantes, o el auto del TS 12.09.2012 en el que habla de “amenazas reiteradas y permanentes, y sometimiento de la víctima y su familia a una situación de verdadero acoso. Lo que está claro, y es que debe de haber una relación de superioridad, que le produzca temor, ansiedad, reducción de la autoestima. La STS de 5-05-2009,se refirió a un comportamiento en que de forma habitual se siente a la víctima a una vida de amenazas,coacciones,vejaciones ,humillaciones que producen en la victima un estado de ansiedad constante, lo que hace merecedor de tipificación penal. Asi, nuestro código penal, La conducta típica recogida en el art. 153 del Código penal consistirá en «ejercer violencia física o psíquica de forma habitual”, al utilizar el verbo «ejercer», la doctrina coincide en que es necesaria una conducta activa sobre el cuerpo del sujeto pasivo, de tal forma que no serían admisibles las formas omisivas. El art.173.2 del C.P. señala, que el bien jurídico protegido es la preservación del ámbito familiar, siendo la conducta delictual el comportamiento habitual, de agresión psíquica . El tipo, quedaron fijados los criterios para su aplicación en la STS 21.07.2009,en el sentido, que el comportamiento debe ser activo, omisivo para el que tenga la posición de garante, habitual –que se den pluralidad de actos,- STS.-22/02/2006-conducta que estatuye una situación de hecho en el que la violencia es empleada como método de establecimiento de las relaciones familiares subyugando a quien padece-, la proximidad temporal. Este tipo delictivo, suele darse, por familiares de bajo perfil emocional y afectivo, unido a una tara manifiesta y al temor de no ser correspondido, conforme a los canones previamente establecidos.

JMGS

Abogado

21/12/2017

 

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LA DISCRIMINACION LABORAL POR RAZON DE EDAD.

 

Todos los días asistimos a un episodio de discriminación laboral por razón de edad, la frase típica, “ah, la empresa, no invierte en personas mayores”, y le llaman personas mayores, a los que  estén próximos a los 50 años. Desde el punto de vista económico, una persona, con esa edad y experiencia, le aporta un valor añadido a la empresa y una tasa de rendimiento superior a una persona joven sin experiencia laboral alguna, crasso error, la inversión en recursos humanos nunca esta desaprovechada y más aún cuando la persona es  “mayor” , dado que, esta persona, en un 90% de los casos, no se te va a ir de la empresa, mientras que una persona, sin experiencia laboral, se va de la empresa, en cuanto tenga la formación para escalar a puestos más altos o a retribuciones más altas. Desde el punto de vista jurídico, hay que tener en cuenta que, el derecho a igualdad está consagrado en nuestra constitución, así como el derecho al trabajo-art.14 de la CE en relación con el art.35 del mismo texto legal. Asimismo, hay una protección del Estado, vía art.9.2 de la C.E. que obliga a los poderes públicos a intervenir en los casos de desigualdad. Así tenemos, STC 253/2014 “ la discriminación por razón de edad no está objetivamente justificada”. Es una conducta socialmente extendida, de deprecio en base a un perjuicio inmerecido, que tiene un efecto adverso en la persona, tanto en el empleo, como el que va a acceder a un empleo. Con los contratos precarios y temporales, el problema se incrementa. Ello, se ve reflejado,  en organizaciones, que en el momento de reclutamiento de personal, excluyen rangos de edad, sin valorar otros aspectos, como el económico-productivo, y el valor añadido que le pueda aportar, la experiencia del mayor, frente al coste del joven, que en un 50% de los casos, acaba yéndose, de empresas, con perfil bajo de sus contratantes, en la mayoría de las ocasiones. El edadismo, ha sido también tratado por nuestra jurisprudencia europea, “ supone una lesión al derecho al trabajo”c-411/2005, STJCE12-01-2010-.La carta de Derechos fundamentales de la UE –ART.21- , el tratado de funcionamiento de la UE-ART.19- La directiva 2000/78/CE  del consejo , relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato, empleo y la ocupación. Esto llevado a la práctica, supone, primero, para quien sea despedido, un despido radicalmente nulo. Y para quien no acceda a ese empleo, una indemnización de daños y perjuicios.

 

JMGS

Abogado

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ES VALIDO EL ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS CUOTAS DE FORMA IGUALITARIA PARA LOS COMUNEROS

        Son obligaciones de los propietarios –art.9.1 e de la LPH- “Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización”,  Aquí se deduce  claramente que la comunidad de propietarios puede establecer un régimen de distribución de los gastos comunes que no tiene por qué coincidir necesariamente con las cuotas de participación que a cada piso o local corresponda en relación con la totalidad del inmueble fijadas en el titulo constitutivo. Cuando la comunidad ha venido funcionando con un régimen distributivo distinto, desde su constitución o desde que se aprobó el cambio, este acuerdo, mientras no haya sufrido impugnación por parte de los vecinos, deviene firme e inatacable. El acuerdo por el que se pretenda el cambio debe ser por unanimidad –art.17 de la LPH-.Asi lo establece nuestra doctrina jurisprudencial.

 

JMGS

Abogado

Especialista en Propiedad Horizontal.

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